Dos excavadoras que, según el Gobierno, estaban vinculadas a la minería ilegal del ELN en el municipio de Lloró, Chocó, tendrán una misión completamente distinta: ayudar a reconstruir las zonas devastadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Los equipos, avaluados en cerca de 900 millones de pesos, fueron incautados durante un operativo del Ejército, la Armada y la Policía y posteriormente entregados a la Gobernación del Chocó.
El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que desde el mismo día de la tragedia ordenó incautar la maquinaria utilizada en actividades de minería ilegal para ponerla al servicio de las comunidades afectadas. La idea es utilizar estos equipos en la remoción de escombros y en la recuperación de vías, viviendas e infraestructura educativa golpeada por el sismo. “La maquinaria de la minería ilegal ahora trabajará para Colombia”, afirmó el mandatario.
La medida representa un giro llamativo para bienes que anteriormente eran utilizados, según las autoridades, para alimentar economías ilícitas: ahora serán empleados en la reconstrucción de un departamento que necesita con urgencia maquinaria y recursos. El Gobierno busca que estas excavadoras aceleren las obras de recuperación tras una tragedia que dejó al Chocó entre las regiones más afectadas y que obligó a iniciar una enorme operación de reconstrucción.
