La designación de Gustavo Adolfo Pérez Peña alias “El Montañero” como gestor de paz por parte del Gobierno nacional ha desatado una fuerte controversia en el país. El hombre, señalado como cabecilla del grupo delincuencial “El Mesa” y con una orden de captura vigente, fue incluido en la lista de quienes recibirían beneficios bajo esta figura, lo que ha generado críticas desde distintos sectores políticos y sociales.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue uno de los primeros en cuestionar la decisión, señalando incoherencias en la política de seguridad. Según el mandatario distrital, mientras la Policía y la Fiscalía trabajan para desarticular estructuras criminales, el Gobierno otorga beneficios a sus cabecillas. Galán recordó que esta organización lleva más de una década operando en la capital, vinculada a delitos graves, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.
La polémica se intensifica porque, de acuerdo con las investigaciones, “El Montañero” tendría múltiples identidades y un historial criminal amplio. La inclusión de este personaje en el programa de gestores de paz reaviva el debate sobre la coherencia de las políticas de seguridad y justicia, y plantea interrogantes sobre el impacto que estas decisiones pueden tener en la lucha contra el crimen organizado en Colombia.
