Ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes fue radicada una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro, presentada por el abogado Josías Fiesco, en la que se cuestiona la destinación de cerca de $10.000 millones de recursos públicos para un contrato con una firma internacional de abogados, relacionado con asuntos jurídicos derivados de la inclusión del mandatario en la denominada lista Clinton.
Según el documento conocido, la denuncia sostiene que el uso de recursos del Estado para este contrato podría configurar un presunto peculado, al considerar que se trataría de una defensa de carácter personal. El denunciante argumenta que “el Estado no puede ser utilizado como banco personal del presidente”, por lo que solicita que se investigue la legalidad y finalidad del gasto.
La controversia se intensificó luego de que el propio jefe de Estado reconociera públicamente que el servicio jurídico, que inicialmente había sido anunciado como gratuito, terminó siendo asumido con recursos públicos. A raíz de estos hechos, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si hubo irregularidades en la contratación.
Por su parte, el Departamento Administrativo de la Presidencia defendió la legalidad del contrato, señalando que este no responde a intereses particulares del presidente, sino a la defensa institucional del Gobierno colombiano frente a eventuales efectos de sanciones o señalamientos internacionales.
