El caso de Juliana Guerrero, condenada a tres años de prisión por el uso irregular de un título de contadora pública, sigue generando debate jurídico y político. Tras el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía, que le permite evitar la reclusión física o domiciliaria, su abogado defensor, Felipe Alzate, salió a explicar los alcances de la sentencia y aclarar que la responsabilidad penal de su clienta se centra en el uso del documento, no en la falsificación material del mismo.
En entrevista con Mañanas Blu, Alzate sostuvo que el delito imputado fue fraude procesal, al considerar que la conducta consistió en inducir en error a la autoridad nominadora para acceder a un cargo público. Según el jurista, la justicia no puede sancionar dos veces por el mismo hecho y, por ello, la condena se limitó a ese tipo penal. El abogado insistió en que la rebaja de pena no responde a privilegios, sino a beneficios legales previstos para quienes colaboran con la administración de justicia mediante preacuerdos.
El defensor también descartó que existiera una estructura criminal organizada alrededor de Guerrero, al señalar que las condenas individuales no configuran concierto para delinquir. Sobre las interpretaciones públicas que vinculan el caso con otros actores políticos, Alzate fue enfático en que su rol se limita a la defensa técnica y que cualquier especulación ajena al proceso carece de sustento probatorio. Con ello, la discusión sobre la condena de Guerrero se mantiene abierta en la opinión pública, mientras la justicia ratifica que la sanción se ajusta a la jurisprudencia vigente.
