La Sala Plena del Consejo de Estado declaró prescrita la acción disciplinaria contra el exgobernador de Córdoba Alejandro José Lyons Muskus y, como consecuencia, dejó sin efecto la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años que le había impuesto la Procuraduría General de la Nación. La decisión está relacionada con un proceso disciplinario por el presunto incumplimiento de sus deberes de vigilancia y control sobre funcionarios de su administración, en un caso que involucró pagos por más de $8.286 millones a varias IPS por servicios de rehabilitación en salud.
Según el expediente, durante 2014 y 2015 la Gobernación de Córdoba habría autorizado pagos a las IPS Crecer y Sonreír, Semillas de Amor y Girasoles sin que, de acuerdo con la Procuraduría, existiera previamente una relación contractual o un acuerdo de voluntades que respaldara la prestación de los servicios. Aunque Lyons había delegado en los secretarios de Salud la actividad contractual y la ordenación del gasto en esa área, el Ministerio Público sostuvo que esa delegación no lo eximía de su deber de vigilancia sobre los actos de sus delegatarios. Por estos hechos, la Procuraduría lo declaró disciplinariamente responsable en agosto de 2023 y le impuso la destitución y una inhabilidad de 10 años, decisión que fue confirmada en octubre de 2024.
En su defensa, Lyons sostuvo que actuó bajo la convicción de que los pagos se ajustaban al ordenamiento jurídico y que contaba con el acompañamiento de asesores jurídicos y funcionarios especializados de la Secretaría de Salud. Sin embargo, el debate que terminó resolviendo el Consejo de Estado no se centró en establecer una nueva responsabilidad disciplinaria, sino en la vigencia de la acción: la Sala concluyó que esta había prescrito y, por esa razón, dejó sin efecto la sanción impuesta por la Procuraduría. La decisión, por tanto, no equivale a una declaración de inocencia frente a los hechos investigados, sino a la terminación de los efectos de esta sanción disciplinaria por prescripción.
La decisión se conoce meses después de que Lyons recuperara su libertad, en mayo de 2026, tras cumplir la pena que le había impuesto la justicia penal por hechos de corrupción relacionados con su administración. El exmandatario, quien gobernó Córdoba entre 2012 y 2015, también fue una figura clave en las investigaciones que destaparon el denominado ‘Cartel de la Toga’. Con el fallo del Consejo de Estado, queda sin efecto específicamente la inhabilidad de 10 años derivada de este proceso disciplinario.
