Una polémica contratación de $51.628 millones de la Alcaldía de Federico Gutiérrez estaría quedando bajo la lupa por una presunta modificación en la evaluación de los proponentes y por supuestas conexiones de integrantes del consorcio ganador con personas relacionadas con el escándalo de Centros Poblados. La investigación liderada por el representante a la Cámara Hernán Muriel señala que una aparente corrección en un archivo de Excel, relacionada con una “columna oculta”, habría cambiado el resultado de la evaluación y terminado favoreciendo al Consorcio INFRADETEL, integrado por INFRACO y EDETEL.
La controversia no terminaría allí. Según lo expuesto por Muriel, alrededor de Juan Gonzalo Molina Ayarza, representante legal de INFRADETEL, existirían presuntas conexiones familiares y empresariales con personas vinculadas al caso Centros Poblados, entre ellas Juan José Laverde Martínez, condenado por delitos relacionados con ese escándalo. A esto se suma que la Superintendencia de Sociedades determinó que Emilio Tapia habría ejercido control sobre sociedades vinculadas a la Unión Temporal Centros Poblados. Esto no demostraría que Tapia tenga participación en el contrato de Medellín ni que la administración de Fico haya actuado ilegalmente, pero sí abriría interrogantes que requieren ser esclarecidos.
También estarían bajo cuestionamiento los antecedentes y la experiencia de las empresas que conforman el consorcio. La investigación plantea interrogantes sobre la trayectoria de EDETEL, anteriormente vinculada a otra razón social y actividad comercial, y recuerda que INFRACO habría participado en un contrato anterior de la malla vial de Medellín cuyo acto de adjudicación posteriormente fue declarado nulo judicialmente. En ese contexto, la pregunta central sería qué verificó exactamente la administración de Federico Gutiérrez antes de adjudicar el millonario contrato y cómo se produjo la modificación de la evaluación en Excel.
Por ahora, no existe en la información expuesta una conclusión que permita afirmar que hubo corrupción, manipulación ilegal de la licitación o participación de Emilio Tapia en este contrato. Sin embargo, Muriel anunció la radicación de 14 derechos de petición y solicitudes ante organismos de control para profundizar en el caso. La Alcaldía de Federico Gutiérrez tendría ahora que explicar, con documentos y trazabilidad completa, qué ocurrió con la polémica “columna oculta”, cómo se definió el puntaje final y cómo fueron verificados los antecedentes de los integrantes de INFRADETEL. Mientras esas respuestas no aparezcan, los $51.628 millones seguirán rodeados de preguntas.
