El decreto expedido por el Gobierno ordena el traslado masivo de millones de usuarios hacia la Nueva EPS, pese a que la entidad atraviesa una crisis marcada por fallas en la entrega de medicamentos, demoras en cirugías y denuncias de muertes por falta de atención. La medida, defendida por el presidente Gustavo Petro bajo el argumento de “ordenar técnicamente” el sistema, convierte a la Nueva EPS en pública y la obliga a recibir más de 2,6 millones de afiliados adicionales.
Petro insiste en que “no hay crisis de la salud” y que la reorganización permitirá economías de escala y mayor control estatal. Sin embargo, los testimonios de pacientes que esperan tratamientos desde hace meses contradicen el discurso oficial. La pregunta que se hacen los ciudadanos es cómo una EPS que no logra abastecer sus dispensarios podrá asumir la carga de millones de nuevos usuarios sin colapsar aún más.
El decreto también obliga a las EPS públicas y subsidiadas a contratar al menos el 60% de sus servicios con hospitales estatales, trasladando la presión a una red hospitalaria ya saturada. Mientras el Gobierno promete eficiencia y cobertura, los colombianos temen que la realidad sea más filas, más demoras y más vidas en riesgo. La tensión entre el relato presidencial y la experiencia ciudadana marca el inicio de una nueva etapa en la crisis del sistema de salud.
