Un reciente pronunciamiento judicial puso en evidencia una situación que genera indignación: varios cabecillas de la Segunda Marquetalia, señalados de incumplir los acuerdos de paz y de continuar al frente de actividades criminales, aparecen registrados en el régimen subsidiado de salud. La advertencia surgió en una audiencia donde una jueza cuestionó a la Fiscalía por errores en la búsqueda de estos prófugos, al tiempo que reveló que figuran como afiliados activos en la Nueva EPS, con las mismas garantías que cualquier ciudadano vulnerable.
La Segunda Marquetalia, integrada por antiguos mandos de las FARC que retomaron las armas, ha sido vinculada a hechos graves como el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay y ataques contra líderes sociales y firmantes de paz. Pese a ello, registros oficiales muestran que seis de sus principales cabecillas mantienen cobertura en el sistema de salud subsidiado, incluso con afiliaciones vigentes hasta fechas tan lejanas como el año 2999. Aunque no existe ilegalidad en la inscripción, la paradoja es evidente: mientras miles de colombianos enfrentan dificultades para acceder a este beneficio, los responsables de graves delitos lo tienen garantizado.
El caso abre un debate sobre la capacidad del Estado para depurar sus bases de datos y evitar que quienes han incumplido compromisos de paz y continúan en la ilegalidad reciban beneficios sociales. La jueza que hizo la advertencia insistió en que la Fiscalía debió verificar esta información como parte de las investigaciones, y recordó que los errores en la localización de los cabecillas pueden entorpecer procesos judiciales clave. La situación deja en el aire preguntas sobre la eficacia institucional y el mensaje que se transmite a las víctimas y a la sociedad frente a la justicia y la equidad en el acceso a los subsidios.
