El domingo 4 de enero de 2026, seis países, Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay, emitieron un comunicado conjunto rechazando las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio venezolano, que derivaron en la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Los gobiernos firmantes expresaron su “profunda preocupación” por lo que consideran una violación de principios fundamentales del derecho internacional, como la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la soberanía de los Estados.
El pronunciamiento se produjo tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que se concrete una transición “segura” y “apropiada”. Además, anunció que compañías petroleras norteamericanas invertirán “miles de millones de dólares” para reparar la infraestructura energética del país caribeño.
Ante estas afirmaciones, los seis países advirtieron sobre el riesgo de cualquier “intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”, subrayando que tales medidas representan una amenaza directa a la independencia política de Venezuela.
Los gobiernos firmantes insistieron en que la crisis venezolana debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas. En su comunicado, remarcaron que solo un proceso político inclusivo, liderado por los propios venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana.
