La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, volvió a generar una fuerte controversia tras plantear una reforma al sistema penitenciario que condicionaría el acceso de los internos a alimentos como carne, pollo o pescado al cumplimiento de jornadas de trabajo dentro de las cárceles. Según explicó, los reclusos tendrían garantizada una alimentación básica, pero quienes deseen acceder a una dieta con proteínas deberán trabajar, una medida con la que busca promover la reinserción social y reducir el gasto del Estado en el sistema penitenciario.
Fujimori sostuvo que los recursos que actualmente se destinan a la alimentación de los presos podrían reorientarse para fortalecer programas dirigidos a niños y adultos mayores. Además, anunció que impulsará una política de mano dura contra la criminalidad, que incluye la construcción de nuevos centros penitenciarios, el fortalecimiento del control en las cárceles y otras reformas en materia de seguridad y justicia. También manifestó que estudia la posibilidad de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte de ese paquete de cambios.
La propuesta ha provocado un intenso debate tanto en el ámbito político como entre organizaciones de derechos humanos y ciudadanos. Mientras algunos consideran que el trabajo debe ser un eje fundamental del proceso de rehabilitación y una forma de disminuir la carga económica del sistema penitenciario, otros advierten que cualquier modificación debe respetar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y cumplir con los estándares internacionales. La iniciativa promete convertirse en uno de los primeros grandes debates del próximo gobierno de Keiko Fujimori.
