En un anuncio que sacudió el panorama político venezolano, la presidenta encargada Delcy Rodríguez confirmó el cierre definitivo del Helicoide, uno de los centros de detención más cuestionados del país, señalado por organizaciones de derechos humanos como un espacio de tortura y represión. La decisión fue revelada durante el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, donde además se presentó el impulso a una ley de amnistía general.
Rodríguez sostuvo que el Gobierno busca “cerrar un ciclo marcado por la confrontación política” y transformar el complejo en un espacio social, cultural y deportivo. Con ello, se pretende dar un giro simbólico a un lugar que por décadas fue asociado con persecución y violaciones de derechos fundamentales, convirtiéndolo ahora en un escenario de convivencia.
El anuncio llega tras intensas conversaciones con actores internacionales y en medio de un clima de expectativa sobre el alcance real de la amnistía. Para muchos, el cierre del Helicoide representa un hecho histórico que intenta borrar las huellas de un pasado oscuro; sin embargo, críticos advierten que la medida podría ser más un gesto político que una verdadera reparación a las víctimas.
