La Corte Constitucional decidió no resolver el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes sobre el expediente que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Tras una sesión extraordinaria, la Sala Plena se declaró inhibida al considerar que no se cumplían los requisitos jurídicos necesarios para pronunciarse sobre el caso. Con esta decisión, el proceso continuará, por ahora, en manos de la justicia ordinaria.
La controversia no estaba relacionada con la responsabilidad penal del exmandatario, sino con la entidad encargada de adelantar las investigaciones. Algunos sectores sostenían que el caso debía pasar a la Comisión de Acusación por el fuero presidencial, mientras que otros defendían que permaneciera en la Fiscalía.
De esta manera, las diligencias seguirán bajo la dirección de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que investiga hechos ocurridos en Antioquia durante la década de 1990, entre ellos las masacres de El Aro y La Granja, la presunta conformación de grupos de autodefensas en San Roque y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
