El escándalo por los presuntos contratos estatales a cambio de favores sexu*les sigue creciendo y ahora llegó a la Corte Suprema de Justicia. El expresidente Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro fueron denunciados por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación pública, tráfico de influencias y otros posibles delitos. La acción judicial fue presentada por la veeduría Colombia Transparente, luego de las declaraciones de Deicy Jiménez, quien señaló que habría recibido contratos estatales en circunstancias que ahora están bajo cuestionamiento.
Según información publicada por medios como El Colombiano, Infobae y Noticias RCN, la denuncia plantea que presuntamente se habría utilizado la influencia política para facilitar contratos en distintas entidades públicas. El documento menciona vinculaciones contractuales de Jiménez por más de $113 millones y señala posibles irregularidades que se remontarían a la época en que Petro era senador. En el caso de Pizarro, la denuncia hace referencia a un presunto vínculo con un contrato de una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
El caso se suma a las denuncias que ya provocaron una investigación preliminar de la Fiscalía por posibles irregularidades en el Dapre durante el gobierno anterior. Entre las actuaciones anunciadas está escuchar a las exdirectoras de esa entidad, Angie Rodríguez y Laura Sarabia, para recopilar información y esclarecer los hechos. Ahora, las autoridades deberán determinar si existen pruebas suficientes para avanzar en las investigaciones y establecer posibles responsabilidades.
