La Fiscalía mantiene suspendida la orden de captura contra Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’, jefe disidente de las Farc, pese a las denuncias de violencia y las pruebas que lo vinculan con delitos graves. La decisión se tomó tras reuniones con el Alto Comisionado de Paz, en el marco de la política de “Paz Total” impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, que lo reconoce como gestor de paz y le otorga beneficios jurídicos temporales.
Sin embargo, esta suspensión genera fuertes cuestionamientos: mientras alias ‘Calarcá’ goza de un estatus especial que le impide ser capturado, su grupo armado continúa expandiéndose militar y económicamente en regiones como Caquetá y Guaviare. El gobernador de Caquetá ha denunciado más de 100 incidentes de seguridad atribuidos a sus hombres, sin que hasta ahora haya una respuesta efectiva del Gobierno Nacional.
La contradicción es evidente: se negocia en la mesa de paz, pero en el terreno la guerra sigue viva. Críticos advierten que la política de “Paz Total” se convierte en un escudo de impunidad para cabecillas como ‘Calarcá’, que aprovechan los diálogos para fortalecer sus estructuras criminales.
