Carlos Andrés Oyola Tovar, señalado de ser el hacker de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro, fue enviado a prisión por decisión de un juez, en medio de una investigación por un presunto fraude académico en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Según la Fiscalía, habría participado en una red que entre 2017 y 2023 alteró más de 40 calificaciones de estudiantes, manipuló registros financieros y falsificó comprobantes de matrícula por más de $35 millones. El propio Oyola habría obtenido títulos académicos mediante estas maniobras.
La investigación señala que el procesado habría actuado como enlace entre operadores que tenían acceso a los sistemas de la universidad y los estudiantes que buscaban modificar sus historiales académicos. Entre las irregularidades detectadas aparecen notas que pasaron de cero a calificaciones superiores a 4,0. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó delitos como concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, daño informático, obtención de documento público falso y fraude procesal. Oyola no aceptó los cargos y un juez ordenó su reclusión en un centro carcelario.
Pero el caso va más allá del presunto fraude universitario. Oyola ingresó a la DNI en febrero de 2024, durante el gobierno Petro, y documentos internos de esa entidad, conocidos por medios nacionales, lo relacionan con una supuesta operación para atacar los sistemas de la Registraduría y alterar resultados electorales, además de otras presuntas irregularidades informáticas. Sin embargo, estos señalamientos todavía no hacen parte de una imputación judicial conocida. Su captura y el escándalo que rodea su paso por la inteligencia estatal vuelven a poner bajo cuestionamiento los controles y las actuaciones dentro de una de las entidades más sensibles del Estado durante la administración Petro.
