El Gobierno Nacional encendió las alarmas luego de que se conocieran amenazas contra la candidata presidencial Paloma Valencia y el aspirante Abelardo De La Espriella, en un episodio marcado por un montaje que circuló en redes sociales con una corona fúnebre y la imagen de Valencia.
Aunque se trató de una acción atribuida a un autor desconocido, el hecho generó rechazo inmediato en la sociedad y en las instituciones, recordando lo ocurrido en el pasado con el candidato Miguel Uribe, quien también fue víctima de intimidaciones.
El Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta $1.000 millones por información veraz que permita anticipar y neutralizar cualquier atentado contra los candidatos presidenciales. El ministro Pedro Sánchez enfatizó que la Fuerza Pública, junto con MinInterior y la UNP, está desplegada para garantizar la seguridad de todos los aspirantes, sin distinción política. La medida busca enviar un mensaje contundente: proteger la vida es proteger la democracia.
