El país sigue conmocionado por el fallecimiento de la jueza Vivian Polanía, quien fue encontrada sin vida en su apartamento en Cúcuta en diciembre pasado. Madre de un recién nacido y reconocida por tramitar procesos sensibles contra bandas criminales, Polanía había advertido desde 2023 sobre amenazas, presiones laborales y riesgos a su seguridad. Su muerte, ocurrida en circunstancias que estremecieron a la opinión pública, dejó más preguntas que respuestas.
Este jueves, el informe de Medicina Legal reveló que la causa del deceso habría sido una sobredosis. Aunque en un primer momento se barajó la hipótesis de un posible suicidio, las autoridades descartaron signos de violencia en el cuerpo. Sin embargo, en redes sociales circularon audios y comentarios que señalaban presuntas amenazas vinculadas al padre de su hijo, lo que alimentó teorías de manipulación y encubrimiento. La Fiscalía y la Policía Judicial mantienen abiertas las investigaciones y solicitaron análisis adicionales para determinar la presencia de otras sustancias.
La figura de Polanía, que había ganado notoriedad por sus publicaciones en redes y por procesos disciplinarios finalmente archivados, se convierte ahora en símbolo de la fragilidad institucional y de los riesgos que enfrentan jueces en zonas de alta conflictividad. Aunque el informe oficial apunta a una sobredosis, la presunción de inocencia y las dudas sobre las circunstancias de su muerte mantienen vivo el debate sobre la protección de funcionarios judiciales y la transparencia en las investigaciones.
