La Procuraduría General de la Nación anunció la inhabilidad por seis años del exalcalde de Canalete, Armando Lambertínez Bolaño, tras hallarlo responsable en un proceso disciplinario relacionado con actos de corrupción. La sanción implica que hasta el año 2031 no podrá contratar con el Estado ni participar en procesos administrativos que involucren recursos públicos, lo que marca un precedente en la región frente al control disciplinario de los exmandatarios.
De acuerdo con la Ley 1952 de 2019, artículo 42, la sanción contempla dos aspectos fundamentales: la inhabilidad para contratar con el Estado y la inhabilidad para desempeñar cargos públicos, esta última vigente hasta el año 2031. La Procuraduría aplicó las denominadas “inhabilidades especiales”, que buscan garantizar que quienes han incurrido en faltas graves no puedan volver a ocupar posiciones de poder ni acceder a beneficios estatales durante el tiempo establecido.
La decisión se enmarca en la presunción de legalidad que rige los actos administrativos y disciplinarios en Colombia, lo que significa que la sanción tiene plena validez mientras no sea revocada por una instancia superior. Con esta medida, la Procuraduría reafirma su papel en la lucha contra la corrupción y envía un mensaje claro sobre las consecuencias que enfrentan los funcionarios públicos que vulneran la ley y la confianza ciudadana.
