El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez dio un nuevo giro el 15 de enero de 2026, cuando la Fiscalía General de la Nación presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de casación. El recurso, de 108 páginas y firmado por la fiscal delegada Marlene Orjuela Ramírez, solicita revocar el fallo absolutorio de segunda instancia y confirmar la condena inicial de 12 años de prisión domiciliaria impuesta por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.
La Fiscalía argumenta que la Sala mayoritaria incurrió en “graves y trascendentes errores” al absolver a Uribe, señalando violaciones indirectas de la ley y fallas en la valoración de pruebas. El escrito cita la postura de la magistrada María Leonor Oviedo Pinto, quien en su voto disidente expuso un patrón sistemático de manipulación de testigos, coordinación de emisarios y ofrecimiento de prebendas. En paralelo, las víctimas del caso entre ellas el senador Iván Cepeda, el exministro Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo también radicaron demandas de casación, insistiendo en que se ignoraron pruebas clave que apuntan a la responsabilidad del exmandatario.
La Corte Suprema deberá decidir si acoge los argumentos de la Fiscalía y las víctimas, lo que podría significar la confirmación de la condena contra Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal. El caso, que se ha convertido en uno de los procesos judiciales más polémicos de la historia política colombiana, mantiene en vilo al país: de prosperar la casación, Uribe enfrentaría nuevamente una sentencia de prisión domiciliaria, mientras que sus defensores denuncian un “complot” en su contra.
