Un juez en Planeta Rica ordenó diez días de arresto contra la gerente zonal de Nueva EPS en Córdoba, Lisseth Herlides Camargo Doria, por incumplir un fallo de tutela que exigía atención médica para Sulma Josefina Priolo Ramos, una paciente que lleva más de un año postrada en su vivienda. La decisión, adoptada el 12 de diciembre de 2025 y confirmada por el Juzgado Promiscuo de Familia, también impuso una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la Nación.
La sanción se originó en el desacato a una tutela emitida el 8 de octubre de 2025, que amparaba los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de Priolo Ramos, diagnosticada con gonartrosis, una enfermedad degenerativa que afecta sus rodillas y le provoca intensos dolores e inmovilidad. El juez ordenaba que la paciente fuera valorada por un equipo interdisciplinario para definir la necesidad de una cirugía, procedimiento que nunca se realizó pese a la orden judicial.
La familia de la afectada denunció que, en lugar de recibir soluciones médicas, han enfrentado trámites interminables y falta de respuesta de la EPS, lo que ha mantenido a la mujer en condiciones críticas. El caso reaviva la indignación ciudadana frente al incumplimiento de fallos judiciales en materia de salud y pone en evidencia la responsabilidad de las entidades prestadoras, que siguen dejando a los pacientes más vulnerables atrapados en el laberinto burocrático.
