Una investigación periodística publicada por Semana puso en el centro de la polémica a Juliana Guerrero y Verónica Guerrero, quienes son señaladas de integrar una presunta red de tráfico de influencias para gestionar contratos con entidades del Estado. De acuerdo con la publicación, las hermanas habrían ofrecido a empresarios acceso a altos funcionarios y ministerios a cambio de millonarias sumas de dinero y supuestas comisiones sobre los contratos adjudicados. Entre las evidencias divulgadas se encontrarían chats de WhatsApp, audios, consignaciones y otros documentos cuya autenticidad y alcance deberán ser verificados por las autoridades competentes.
Según la investigación, los denunciantes sostienen que existía un supuesto esquema de cobros que incluía pagos por reuniones, gestiones para abrir puertas en entidades públicas y un porcentaje del valor de los contratos que eventualmente fueran adjudicados. Los testimonios también aseguran que las implicadas hacían referencia a una presunta cercanía con altos niveles del Gobierno nacional para ofrecer influencia en ministerios y otras instituciones del Estado. Sin embargo, hasta el momento estas afirmaciones corresponden a señalamientos contenidos en la investigación periodística y no constituyen hechos judicialmente probados.
Los empresarios que presentaron las denuncias aseguran haber entregado más de $600 millones sin obtener los contratos prometidos, mientras que el caso se suma al proceso que enfrenta Juliana Guerrero por el presunto uso de un título falso. Las revelaciones podrían dar lugar a nuevas investigaciones por parte de los organismos de control y de la Fiscalía, que serán las encargadas de determinar la autenticidad de las pruebas, establecer si existieron conductas irregulares y definir las eventuales responsabilidades de las personas mencionadas. Por ahora, todas las personas involucradas mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una decisión de las autoridades competentes.
