La Fiscalía General de la Nación judicializó a Queila Maryuri Orozco Trujillo, empleada de una entidad bancaria en La Dorada (Caldas), señalada de ser el principal enlace de una red delincuencial dedicada a la extorsión carcelaria. Según el material probatorio, la mujer habría sostenido más de 670 comunicaciones con el cabecilla de la organización, privado de la libertad en la Cárcel de Mediana y Máxima Seguridad Doña Juana.
De acuerdo con la investigación, Orozco Trujillo suministraba información confidencial de clientes de la sucursal en la que trabajaba. Con esos datos, los delincuentes suplantaban a las víctimas para tramitar créditos a su nombre. Una vez desembolsado el dinero, la funcionaria presuntamente alertaba al jefe de la red, lo que permitía que las personas fueran contactadas de inmediato vía telefónica e intimidadas bajo exigencias de pago.
Por estos hechos, una fiscal especializada de la Seccional Caldas le imputó el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión. Aunque la procesada no aceptó los cargos, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su domicilio, mientras avanza el proceso en su contra. La Fiscalía indicó que al menos 41 personas en Caldas, Tolima y Antioquia habrían sido víctimas de esta modalidad criminal.
