La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por presuntas omisiones en el esquema de seguridad del precandidato Miguel Uribe Turbay, asesinado el 7 de junio del año pasado. El llamado a responder adquiere relevancia política, pues Rodríguez hace parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, convirtiéndose en la primera autoridad vinculada judicialmente al caso.
Las falencias en la protección de candidatos han sido señaladas como uno de los puntos críticos de la administración de Rodríguez, quien en el pasado militó en el M-19 y mantiene cercanía con el jefe de Estado. Tras el crimen de Uribe Turbay, miembro del Centro Democrático, se desató una fuerte polémica sobre el nivel de seguridad que realmente se le había otorgado, generando cuestionamientos sobre la eficacia de la UNP.
Aunque la Fiscalía avanza en el proceso, aún no se ha establecido responsabilidad definitiva. Lo cierto es que este caso abre un debate nacional sobre la capacidad del Estado para garantizar la vida de los líderes políticos en medio de un clima de tensión y violencia. La imputación contra Rodríguez, por ahora, se enmarca en la presunción de omisiones, y será la justicia la que determine si existió negligencia o si se trató de un fallo estructural en el sistema de protección.
