El régimen venezolano activó un decreto de Estado de Conmoción Exterior que ordena la captura de cualquier ciudadano que respalde o promueva la operación militar de Estados Unidos que terminó con la detención de Nicolás Maduro. La medida, publicada en la Gaceta Oficial bajo el Decreto n.º 5.200, fue anunciada tras los hechos ocurridos el pasado 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses trasladaron al exmandatario a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo.
El decreto, firmado por Maduro antes de su captura, establece que los cuerpos policiales nacionales, estadales y municipales deben emprender de inmediato la “búsqueda y captura” de quienes se manifiesten en apoyo a la operación estadounidense.
Además, contempla la militarización de servicios públicos, el despliegue de la Fuerza Armada Bolivariana en todo el país y la posibilidad de suspender derechos fundamentales como el libre tránsito, la reunión y la manifestación. Según el documento, estas medidas buscan “repeler la agresión contra el territorio venezolano” y garantizar la defensa de la soberanía nacional.
La disposición abre un escenario de alta tensión para millones de venezolanos, pues quienes expresen públicamente satisfacción por la captura de Maduro podrían ser encarcelados y puestos a disposición del Ministerio Público. La militarización de la infraestructura y el cierre de fronteras anticipan un impacto directo en la vida cotidiana, desde restricciones de movilidad hasta limitaciones económicas.
