La audiencia contra Juliana Guerrero, exaspirante a viceministra de Juventudes en el gobierno de Gustavo Petro, se convirtió en un verdadero espectáculo judicial. La Fiscalía la señaló de haber cargado al sistema Sigep dos diplomas falsos de la Fundación Universitaria San José, con el fin de obtener un nombramiento en el Ministerio de la Igualdad. Según el ente acusador, Guerrero sabía perfectamente que los documentos eran fraudulentos y aun así los presentó como válidos para engañar a los funcionarios públicos.
En medio de la diligencia, la Fiscalía imputó a Guerrero el delito de fraude procesal y le ofreció beneficios de reducción de pena si aceptaba los cargos. Sin embargo, la joven se negó rotundamente, argumentando que la imputación era ambigua y que no existía claridad sobre la relación de sus acciones con los supuestos errores administrativos. Su defensa insistió en que los señalamientos debían explicarse con mayor detalle, mientras la Fiscalía sostuvo que el delito se perfeccionó en el momento en que los documentos fueron cargados en la plataforma oficial.
El caso también salpica a Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José, acusado de falsedad ideológica en documento público por certificar requisitos que Guerrero nunca cumplió. La Fiscalía asegura que ambos actuaron con dolo y que sus acciones atentaron contra la transparencia de la administración pública. Pese a la contundencia de las acusaciones, ninguno aceptó responsabilidad, dejando abierta una batalla judicial que promete más revelaciones y polémica en los próximos meses.
