La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló recientemente que, según sus investigaciones, durante más de cuatro décadas las extintas FARC habrían reclutado a 18.677 niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado. En el Caso 07, cinco exintegrantes del último secretariado Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo reconocieron ante el tribunal su responsabilidad en estos hechos, aunque la justicia transicional no contempla penas de cárcel, sino sanciones restaurativas y reparadoras.
El reconocimiento incluye presuntas violencias sexuales y reproductivas dentro de las filas guerrilleras, hechos que la JEP considera de especial gravedad por el impacto en la niñez y la adolescencia. Los exjefes enviaron un mensaje público en el que pidieron perdón a las víctimas y a la sociedad, en un intento de aportar verdad y asumir compromisos de reparación. Sin embargo, el proceso aún está en curso y será la JEP la que determine las sanciones concretas, siempre bajo el principio de presunción de inocencia hasta que se emitan decisiones definitivas.
Este caso se perfila como uno de los más sensibles dentro de la justicia transicional en Colombia, pues pone bajo la lupa la transparencia y efectividad del modelo de sanciones restaurativas frente a crímenes que afectan a la población más vulnerable. A pocos días de nuevas audiencias, el país sigue expectante sobre cómo la JEP equilibrará verdad, justicia y reparación en un episodio que reabre heridas profundas del conflicto armado.
