El presidente Gustavo Petro volvió a encender el ambiente político con un mensaje en su cuenta de X, en el que insistió en que no aceptará un resultado electoral marcado por lo que considera irregularidades en el sistema de preconteo. Según sus palabras, fue elegido por voto popular y únicamente el pueblo soberano puede removerlo del cargo, no un supuesto fraude. La declaración cayó como una bomba en medio de la tensión poselectoral, pues ya no se trata solo de cuestionar actas o software, sino de poner sobre la mesa su permanencia en la Casa de Nariño como un desafío político.
El señalamiento del mandatario apuntó nuevamente al sistema electoral y a los hermanos Bautista, asociados a la empresa Thomas Greg & Sons, vinculada a componentes tecnológicos del proceso. Petro sugirió que habría existido una operación desde el software de la Registraduría para favorecer al presidente electo Abelardo de la Espriella. Sin embargo, mientras no haya una decisión oficial que declare fraude, su discurso se mueve en un terreno delicado, pues convierte una denuncia política en presión directa sobre las instituciones encargadas de verificar el resultado.
El país entra así en una zona de máxima tensión democrática. Petro, que llegó al poder por las urnas y defendió ese mandato como expresión sagrada del pueblo, ahora cuestiona el mismo sistema cuando el resultado favorece a su contradictor. Sus seguidores hablan de resistencia y fraude; sus críticos señalan un intento de desconocer la institucionalidad y aferrarse al poder. Lo cierto es que una cosa es pedir escrutinios transparentes y otra muy distinta es insinuar que nadie lo mueve de la Casa de Nariño si el resultado no se ajusta a su relato político.
