El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la presencia de 86 observadores internacionales enviados por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para vigilar las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo de 2026, así como una eventual segunda vuelta el 21 de junio. La misión se desplegará en ciudades clave como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla, con el objetivo de reforzar la transparencia y credibilidad del proceso electoral.
La decisión generó polémica luego de que el presidente Gustavo Petro cuestionara la medida, aunque aseguró que “habrán unas elecciones libres”. Petro advirtió que sectores de la “extrema derecha estadounidense” estarían buscando intervenir en los comicios, recordando que en el pasado Washington ha participado como observador en procesos electorales de América Latina, pero hacía más de una década que no se autorizaba una misión tan amplia en Colombia.
El mandatario fue más allá al señalar que actores políticos nacionales ligados al Centro Democrático y Cambio Radical habrían buscado apoyo en Miami para presionar sanciones contra su gobierno. En ese contexto, la llegada de observadores estadounidenses se interpreta por algunos como un gesto de vigilancia democrática, mientras otros lo ven como una señal de desconfianza y posible injerencia extranjera en la soberanía electoral del país.
