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LA LENGUA CARIBE

Hoy es Viernes, 31 de julio - 3:39 p. m.

Petro se despedirá de los colombianos con un concierto gratis que costaría $4.437 millones; Adriana Lucía sería una de las artistas invitadas

El Gobierno nacional vuelve a estar en el centro de la controversia tras conocerse que la séptima edición del Concierto de la Esperanza, programada para el 1 de agosto en la Plaza de Bolívar, tendría un costo cercano a $4.437 millones, según documentos divulgados por el representante a la Cámara Daniel Briceño. La organización del evento está a cargo de RTVC Sistema de Medios Públicos, dirigido por Hollman Morris, y contará con la participación de artistas como Adriana Lucía, Herencia del Timbiquí y Penyair. El anuncio ha generado fuertes cuestionamientos debido a que el país enfrenta un déficit fiscal y el Gobierno mantiene vigente un plan de austeridad.

De acuerdo con la información divulgada, cerca de $2.020 millones estarían destinados a la producción del espectáculo, alrededor de $2.032 millones al pago de los artistas y el resto correspondería al IVA. Los cuestionamientos no son nuevos. En 2024, la Procuraduría pidió explicaciones a RTVC por otro Concierto de la Esperanza, al considerar que la entidad no justificó con suficiente claridad la necesidad del evento y por la modalidad de contratación utilizada. En 2025 también hubo controversias por un concierto que costó cerca de $3.867 millones y por otro que finalmente fue cancelado tras la decisión del artista Residente de no participar.

Con esta nueva edición, los tres Conciertos de la Esperanza realizados durante el gobierno de Gustavo Petro sumarían una inversión aproximada de $10.600 millones, de acuerdo con las cifras conocidas públicamente. Mientras el Ejecutivo y RTVC defienden estos eventos como espacios de acceso gratuito a la cultura y de promoción artística, sectores de la oposición sostienen que el gasto resulta inconveniente en medio de las restricciones presupuestales que afronta el país. La realización del concierto vuelve a abrir el debate sobre la prioridad en la destinación de los recursos públicos y el equilibrio entre la inversión cultural y las necesidades fiscales de Colombia.

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