El presidente Gustavo Petro expidió una directiva que centraliza las comunicaciones del Gobierno nacional, ordenando que ningún ministro, director de departamento administrativo o funcionario de alto nivel pueda dar declaraciones públicas sin su autorización previa. Según el documento, fechado el 23 de abril, la vocería oficial sobre temas estratégicos, políticos, económicos, sociales e internacionales será exclusiva del mandatario, quien se erige como el único portavoz legítimo del Ejecutivo.
La medida surge tras el escándalo generado por las entrevistas de Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, que habrían incomodado a la Casa de Nariño. Petro decidió blindar las comunicaciones de su gabinete para evitar contradicciones y mensajes que, según la directiva, puedan “generar desinformación o afectar la confianza ciudadana”. Los ministros solo podrán pronunciarse sobre asuntos de sus carteras si cuentan con autorización expresa del presidente y siguiendo estrictamente la línea institucional marcada por él.
Con esta decisión, el jefe de Estado concentra aún más el control sobre la narrativa gubernamental, limitando la autonomía de sus ministros y directores. La orden también establece que cualquier comunicación pública con impacto en las actividades del Gobierno deberá coordinarse con la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, cerrando la puerta a voces independientes dentro del Ejecutivo.
