El Gobierno de Gustavo Petro suspendió órdenes de captura contra más de 200 voceros de distintos grupos armados ilegales, en el marco de la política de “paz total”. Según reveló la candidata presidencial Paloma Valencia, actualmente permanecen vigentes 81 beneficios judiciales que cobijan a integrantes de organizaciones como el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el ELN y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Entre los beneficiados figura alias “Calarcá”, quien pese a tener audiencia de imputación en la Fiscalía, continúa protegido por estas medidas.
La decisión de frenar las capturas se dio como parte de los procesos de negociación que adelanta el Gobierno con estructuras criminales, bajo el argumento de facilitar los diálogos y los ceses al fuego. Sin embargo, críticos de la estrategia aseguran que la “paz total” ha terminado fortaleciendo a los grupos armados, que han aprovechado los beneficios para expandirse en número de combatientes, capacidad militar y control territorial. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz advierte que estas organizaciones ya superan los 27.000 integrantes, con un crecimiento del 23,5 % en apenas un año.
El contexto es alarmante: mientras se mantienen suspendidas las órdenes de captura, la violencia se ha intensificado en varias regiones del país. Indepaz reporta que hasta el 3 de mayo se han registrado 50 masacres en lo corrido del año, una cada 2,5 días en promedio. Para la oposición, estas cifras demuestran que la política de Petro ha favorecido más a los criminales que a las comunidades, dejando al país sumido en un escenario de coca, secuestros y extorsión, justo en medio de la campaña presidencial.
