La revisión de la contratación realizada durante 2026 por la Cancillería dejó varios hallazgos que ahora serán objeto de una revisión más profunda. La entidad examinó 811 contratos por cerca de $92.846 millones y encontró que 551 tenían actividades repetidas o altamente similares. Dentro de ese grupo, 367 contratos presentaban objetos contractuales idénticos, aunque sus valores eran diferentes y, en algunos casos, las diferencias llegaban hasta cuatro veces.
Uno de los casos que más llamó la atención fue un contrato por $2.839 millones con un plazo de ejecución de apenas dos días, considerado atípico por la Cancillería. La revisión también encontró otro contrato registrado por $0 con vigencia hasta 2028. A esto se suma que 227 contratos, por $21.137 millones, fueron firmados el 30 de enero de 2026, un día antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, mientras que el 99,6 % de los contratos revisados fueron adjudicados mediante contratación directa.
La controversia aumenta porque 19 contratos con observaciones por aproximadamente $100.164 millones fueron enviados a la Contraloría para determinar si existen elementos que ameriten una actuación de control fiscal. Sin embargo, la Cancillería precisó que esa cifra corresponde al valor total de los contratos observados y no constituye un detrimento patrimonial probado. Los hallazgos permanecen en una etapa preliminar y los responsables de los contratos tienen derecho a ejercer su defensa; los casos que queden debidamente sustentados podrían ser remitidos a los organismos de control y, cuando corresponda, a la Fiscalía.
