El conflicto energético entre Ecuador y Colombia acaba de escalar a niveles insólitos. El gobierno de Daniel Noboa decidió multiplicar por diez la tarifa de transporte de crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), pasando de US$3 a US$30 por barril desde el 23 de enero.
La medida, confirmada por la ministra Inés Manzano, se interpreta como una represalia directa tras la suspensión de venta de energía de Colombia a Ecuador, en respuesta a los aranceles del 30% impuestos por Quito a las importaciones colombianas.
El golpe económico afecta de lleno a los productores colombianos que dependen de los ductos ecuatorianos para movilizar un promedio de 13.250 barriles diarios, con capacidad máxima de 22.000.
El contrato vigente entre Petroecuador y Ecopetrol, firmado en mayo de 2024 y con duración hasta 2027, queda ahora en entredicho por lo que Bogotá califica como una decisión “unilateral y arbitraria” que viola compromisos internacionales, incluido el acuerdo energético del 13 de febrero de 2011.
El ministro de Energía de Colombia, Edwin Palma, denunció que Ecuador “enrarece el ambiente político con excusas de narcotráfico” y advirtió que el tarifazo golpea principalmente a los pequeños productores.
