La Asamblea Departamental de Antioquia declaró “persona no grata” al senador y candidato presidencial Iván Cepeda, luego de que sus declaraciones fueran consideradas ofensivas y discriminatorias contra el departamento. Aunque la medida no implica una prohibición legal de ingreso, sí refleja el malestar político y social que sus palabras generaron en Antioquia.
El rechazo no se limitó a las instituciones. Durante la presencia de la minga en Medellín, cientos de ciudadanos se manifestaron en las calles para expresar su inconformidad con los actos y discursos de Cepeda. La ciudad, reconocida como bastión del uribismo, se sintió vulnerable ante lo que percibió como ataques directos a su identidad y a la dignidad de sus habitantes. Las protestas se convirtieron en un símbolo de resistencia frente a lo que consideran un señalamiento injusto.
El episodio ha intensificado la polarización política en la región y ha abierto un debate sobre los límites de la crítica en campaña electoral. Mientras sectores ciudadanos y políticos insisten en que se debe prohibir la entrada de Cepeda a Medellín y Antioquia, otros advierten que la controversia pone en riesgo la libertad de expresión y el derecho al disenso.
