El senador Iván Cepeda anunció que interpondrá una acción de tutela contra el Gobierno de Abelardo De La Espriella por la suspensión de la programación de las 20 Emisoras de Paz. La decisión, ejecutada por Inravisión desde el 18 de agosto, dejó en pausa los contenidos informativos, comunitarios y territoriales de estas estaciones, que comenzaron a emitir música en lugar de su programación habitual. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), junto con otras organizaciones, también cuestionó la medida y pidió restablecer las transmisiones regionales.
Cepeda sostiene que la suspensión podría vulnerar los derechos fundamentales a la información, la libertad de expresión y la paz, y anunció que su demanda estará dirigida contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y contra Inravisión. El congresista argumenta que las emisoras fueron creadas como parte del cumplimiento del punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz, precisamente para llevar información, pedagogía sobre el acuerdo y voces de las comunidades a territorios históricamente golpeados por el conflicto. El propio MinTIC reportó en el primer trimestre de 2026 que las 20 emisoras continuaban operando y produciendo contenidos en 18 departamentos.
La controversia ahora queda en manos de la justicia: será un juez quien determine si la suspensión representa una vulneración de derechos fundamentales y si deben adoptarse medidas para reactivar la programación. Las 20 emisoras fueron completadas en 2024 con estaciones en lugares como Tierralta, Buenaventura, Riosucio y Agustín Codazzi, y fueron concebidas como espacios de información, diálogo, memoria y construcción de paz en zonas afectadas por la violencia. Mientras Cepeda habla de “censura”, desde sectores que respaldan la decisión se plantea que se trata de una revisión o reestructuración de contenidos, por lo que el choque político y jurídico apenas comienza.
