El escándalo por la fiesta en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí sigue generando reacciones políticas en Antioquia. La denuncia, hecha por la concejal Claudia Carrasquilla y confirmada por el Inpec, reveló que cabecillas de bandas criminales en proceso de diálogo con el Gobierno nacional organizaron una rumba que habría costado cerca de 500 millones de pesos, con la presentación de los artistas vallenatos Nelson Velásquez y Luis Posada.
El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, fue uno de los más duros críticos. Señaló que lo ocurrido es “el resumen del Gobierno Petro: los peores bandidos de fiesta permanente”, y cuestionó al Inpec por limitarse a hacer relevos de funcionarios sin atacar de fondo la permisividad que, según él, permite que criminales celebren con licor y música dentro de un penal de máxima seguridad.
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, comparó la parranda con las fiestas que organizaba Pablo Escobar en La Catedral, advirtiendo que mientras en esa época el capo era perseguido por la ley, hoy los narcos son considerados “gestores de paz”. Las declaraciones de ambos mandatarios locales intensifican la polémica y ponen en entredicho la estrategia del Gobierno frente a las estructuras criminales del Valle de Aburrá.
