La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, denunció públicamente la presunta compra de un título universitario por parte de Juliana Guerrero, exfuncionaria cercana al Gobierno de Gustavo Petro. Según la congresista, la Fundación San José habría emitido diplomas sin cumplir los requisitos académicos, a cambio de pagos que superan los 8 millones de pesos, hechos que quedaron registrados en facturas presentadas ante la Dian.
Pedraza cuestionó que Guerrero asegurara haberse graduado el 1.º de julio de 2025, mientras que los documentos de la institución reflejan tres pagos posteriores a esa fecha, incluyendo derechos de grado y matrículas en programas de contaduría y gestión tributaria. Para la congresista, estas inconsistencias evidencian un posible “cartel de venta de títulos”, lo que pone en entredicho la transparencia de la institución educativa y la falta de control por parte del Ministerio de Educación.
El escándalo llevó al Gobierno a desistir de la designación de Guerrero como viceministra de Igualdad, cargo para el cual había sido postulada. Pedraza insistió en que la Procuraduría debe investigar la posible omisión de funciones de inspección y vigilancia, advirtiendo que la inacción estatal frente a este caso deja en evidencia un vacío en el control de la calidad educativa.
