En menos de 24 horas, la tensión entre Colombia y Ecuador escaló a un rifirrafe comercial de alto voltaje. El miércoles, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció un arancel de seguridad del 30% a las importaciones colombianas, alegando falta de cooperación en materia de seguridad.
La respuesta desde Bogotá no se hizo esperar: en la madrugada del jueves, los ministerios de Energía y Comercio confirmaron la suspensión temporal de la venta de energía eléctrica a Ecuador y la imposición de un gravamen aduanero idéntico, también del 30%, sobre 20 productos ecuatorianos.
El Gobierno colombiano justificó la medida energética en la necesidad de garantizar el abastecimiento interno, ante la variabilidad climática y la disminución proyectada de la energía firme disponible en el Sistema Interconectado Nacional. El ministro de Minas, Edwin Palma, subrayó que la decisión no desconoce la vocación histórica de integración regional, pero sí establece límites cuando está en juego la seguridad energética y el bienestar nacional.
Paralelamente, la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que el arancel colombiano es un instrumento transitorio para restablecer el equilibrio en las reglas del intercambio, afectadas por la decisión unilateral de Quito.
El choque comercial pone en riesgo un mercado de aproximadamente 250 millones de dólares en exportaciones ecuatorianas hacia Colombia, principalmente en grasas y aceites vegetales, conservas de atún, tableros de madera, camarón y minerales. Aunque ambos gobiernos insisten en mantener abiertos los canales diplomáticos, la disputa deja claro que la integración energética y comercial entre países vecinos no puede sostenerse sin confianza mutua.
