La decisión de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, exesposa de Roy Barreras y presidenta de la Comisión de Acusación, de suspender al presidente Gustavo Petro de su cargo ha desatado una tormenta política. El auto de sustanciación, emitido en medio de las investigaciones por presunta participación en política, ordena apartar al mandatario hasta el 21 de junio, justo en la antesala de la segunda vuelta presidencial. La medida, inédita y cuestionada, ha sido interpretada como un movimiento estratégico para alterar el escenario electoral.
Críticos señalan que Arizabaleta no tendría competencia para suspender al jefe de Estado sin el aval de la sala plena de la Comisión, lo que abre la puerta a dudas jurídicas sobre la validez de la decisión. Para algunos sectores, la suspensión busca victimizar a Petro y permitirle salir a las calles a hacer política, favoreciendo indirectamente a Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico. La narrativa de “persecución” podría convertirse en un arma electoral en medio de la polarización.
La polémica revive escenas del pasado en las que mandatarios o líderes políticos se han presentado como víctimas de maniobras institucionales. Mientras unos celebran la medida como un freno a la participación indebida en política, otros la ven como un golpe institucional disfrazado de justicia. En cualquier caso, el país se enfrenta a un nuevo capítulo de tensión democrática, donde la presunción de extralimitación de funciones y la estrategia política parecen entrelazarse peligrosamente.
