La Corte Constitucional suspendió de manera provisional la emergencia económica decretada por el Gobierno de Gustavo Petro a finales de 2025, medida con la que el Ejecutivo buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para cubrir el déficit presupuestal de 2026. La decisión fue tomada en Sala Plena con seis votos a favor y dos en contra, lo que implica que los impuestos y beneficios tributarios creados bajo el decreto no podrán seguir aplicándose. La demanda fue radicada por el magistrado Carlos Camargo, quien cuestionó la legalidad y la justificación de la medida.
El Gobierno había defendido la emergencia como una salida urgente tras el hundimiento en el Congreso de la ley de financiamiento, pero distintos gremios y sectores políticos alegaron que el decreto carecía de argumentos sólidos. Fenalco y la Andi señalaron que la crisis fiscal no era un hecho sobreviniente ni imprevisto, sino la consecuencia de problemas estructurales del sistema de salud y de decisiones previas como el subsidio a la gasolina.
Con esta suspensión, el Gobierno enfrenta un nuevo revés en su estrategia para tapar el hueco fiscal, mientras el presidente Petro insiste en que la decisión de la Corte puede agravar la crisis económica del país. La controversia abre un pulso político y jurídico que anticipa un desenlace adverso para el Ejecutivo, que deberá buscar alternativas de financiación sin recurrir a la figura de la emergencia económica.
