A menos de una semana de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, que restringe la contratación estatal y el aumento del gasto público en tiempos preelectorales, el Gobierno Nacional expidió un decreto que autoriza la creación de más de 1.000 empleos temporales en el Ministerio de Trabajo. La decisión ha generado sorpresa y debate en distintos sectores políticos y sociales, que cuestionan el momento en que se adoptó la medida.
Según lo informado, el decreto establece la vinculación de personal hasta diciembre de 2026, con el argumento de fortalecer la capacidad operativa de la entidad. No obstante, críticos advierten que la decisión podría interpretarse como un movimiento estratégico previo a las restricciones de contratación, mientras que defensores sostienen que se trata de una medida administrativa legítima y necesaria para cumplir funciones misionales.
El caso ha despertado suspicacias en la opinión pública, pues algunos sectores consideran que la creación de estos cargos podría abrir la puerta a prácticas de clientelismo político. Sin embargo, hasta el momento no existe pronunciamiento judicial que declare ilegal la medida, por lo que se mantiene bajo el marco de la presunción de legalidad. La Corte Constitucional y los organismos de control podrían ser llamados a revisar el alcance de esta decisión en el contexto de la Ley de Garantías.
