El fantasma de las inhabilidades vuelve a rondar al Pacto Histórico. Tras los antecedentes de figuras como Antanas Mockus en 2019 y Polivio Rosales en 2023, ahora tres congresistas electas de la coalición petrista enfrentan cuestionamientos por haber firmado contratos con el Estado en los meses previos a las elecciones. Se trata de Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como “Lalis”; Verónica Estrada Holguín; y Kamelia Zuluaga Navarro, quienes podrían ver comprometida su llegada al Congreso.
En el caso de “Lalis” y Estrada, los contratos con entidades como la Cancillería y la Dian se extendieron hasta septiembre y octubre de 2025, fechas que coinciden con el periodo de prohibición constitucional. Aunque ambas aseguran haber renunciado oportunamente, documentos oficiales señalan que los vínculos seguían vigentes, lo que abre la puerta a demandas de nulidad. Zuluaga, por su parte, logró la terminación anticipada de su contrato justo seis meses antes de las votaciones, lo que la blindaría jurídicamente.
Expertos advierten que la clave está en determinar si la inhabilidad se configura por la firma del contrato o por su ejecución activa en el periodo prohibido. El Consejo de Estado ha reiterado que lo determinante es la existencia de una relación jurídica vigente con el Estado. Por ahora, las congresistas no han tomado posesión de sus curules, pero la polémica ya está servida: podrían enfrentar procesos que amenacen con desbaratar la representación del Pacto Histórico en el Capitolio.
