El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza tras la suspensión del aumento del 23% del salario mínimo para 2026. A través de un extenso pronunciamiento, el mandatario defendió su decreto, calificándolo como un «salario vital» ordenado por la Constitución Nacional. Aunque afirmó que respetará la medida cautelar del alto tribunal, Petro fue enfático al señalar que el decreto suspendido ya cumplía con todos los criterios económicos necesarios y que cualquier intento de disminuir el poder adquisitivo de los trabajadores es, a sus ojos, un acto anticonstitucional que pone en riesgo la estabilidad social y la nutrición infantil en el país.
Ante el plazo de ocho días otorgado por el Consejo de Estado para expedir un nuevo decreto transitorio, el Presidente anunció medidas inmediatas. Petro convocó al Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, a una mesa de concertación urgente para definir la nueva cifra, pero advirtió que no cederá en su postura de proteger el bolsillo de los más pobres. Según el mandatario, estudios recientes demuestran que el aumento salarial tiene una incidencia «marginal» en la inflación de alimentos, contradiciendo los argumentos de las 30 demandas que aseguran que el incremento desmedido disparó el costo de vida en Colombia.
El choque de poderes escaló al terreno social cuando Petro hizo un llamado directo a la movilización popular. «Invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto», declaró el mandatario, sugiriendo que la decisión judicial tiene un tinte «antisocial». Por su parte, el Ministro del Interior, Armando Benedetti, reforzó esta narrativa calificando el fallo como una «decisión política» influenciada por las élites y las altas cortes para afectar a los menos favorecidos. Con este panorama, el país se prepara para una semana de alta tensión política y posibles marchas en defensa del polémico incremento.
