El ministro del Interior, Armando Benedetti, encendió las alarmas sobre la contienda electoral al anunciar que el Gobierno, por iniciativa del Ministerio de Defensa, ofrecerá recompensas de hasta 50 millones de pesos a quienes entreguen información que permita capturar a personas u organizaciones dedicadas a la compra de votos. La medida busca romper un patrón histórico en el que “todo el mundo sabe” dónde se compran sufragios, pero rara vez se denuncia formalmente.
Además de la ofensiva contra la corrupción electoral, Benedetti cuestionó el diseño de los tarjetones, señalando la ausencia de la casilla de voto en blanco como un riesgo para la transparencia del proceso. Según el ministro, esta omisión podría abrir vulnerabilidades y afectar la confianza ciudadana en las consultas políticas que se avecinan.
Las advertencias del jefe de la cartera política reavivan el debate sobre la fragilidad del sistema electoral colombiano, donde la compra de votos sigue siendo una práctica enquistada en varios territorios. Con la promesa de recompensas millonarias y la polémica por el tarjetón, el Gobierno busca enviar un mensaje contundente: la democracia no puede seguir siendo negociada en los barrios ni manipulada desde los diseños institucionales.
