La exigencia del representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Alfredo Mondragón, al recién posesionado presidente Abelardo De La Espriella para impulsar la construcción de nueva infraestructura hospitalaria en el departamento abrió un nuevo frente de discusión política. Aunque la gestión de recursos y obras para las regiones hace parte de las funciones y responsabilidades de los congresistas, el momento en que se plantea la solicitud ha generado cuestionamientos entre sectores políticos que consideran prematuro exigir resultados de gran impacto a un Gobierno que apenas inició su periodo el pasado 7 de agosto.
El debate se concentra, además, en la presunta diferencia de actitud del congresista frente a los gobiernos de Gustavo Petro y De La Espriella. Sus críticos sostienen que durante la administración anterior, de la que Mondragón fue aliado político y uno de los defensores de la reforma a la salud, no habría ejercido con la misma intensidad este tipo de presión pública en favor de obras para el Valle del Cauca. Esa percepción de un supuesto doble rasero se suma a otros episodios recientes que han evidenciado el fuerte choque entre Mondragón y el nuevo Gobierno. De hecho, antes de la posesión presidencial, el representante anunció que la bancada del Pacto Histórico no asistiría al acto y convocó a movilizaciones de “resistencia pacífica” en Cali y otras ciudades.
Más allá de la confrontación partidista, la discusión plantea una pregunta sobre la consistencia del control político: si la necesidad de fortalecer la infraestructura hospitalaria del Valle es real y prioritaria, la exigencia debería mantenerse independientemente de quién ocupe la Casa de Nariño. En ese sentido, el reclamo de Mondragón puede ser entendido como una gestión legítima en defensa de los intereses de sus electores, pero también queda expuesto a las críticas sobre oportunidad y coherencia debido al abierto enfrentamiento que mantiene con el nuevo Ejecutivo.
