A una semana de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026, el presidente Gustavo Petro encendió las alarmas sobre la transparencia del proceso electoral. El mandatario denunció que el 92% del sistema estaría en manos de la firma privada Thomas Greg & Sons, empresa que desde 2007 controla el preconteo, la logística y la digitación de votos. Según Petro, este “monopolio tecnológico” desconoce una sentencia del Consejo de Estado de 2018 que ordenaba al Estado contar con software propio y auditable.
El jefe de Estado recordó que en procesos anteriores se han reportado fraudes comprobados, como en 2014 y 2022, cuando miles de votos desaparecieron y solo fueron recuperados gracias a la presión de testigos electorales. Petro advirtió que el preconteo, aunque legal, prefigura la opinión pública y puede ser manipulado, generando una percepción errónea de los resultados. Además, señaló posibles sobrecostos de hasta un 300% en los contratos, lo que representaría un derroche multimillonario que nunca ha sido auditado de manera independiente.
Las críticas también alcanzaron a la Misión de Observación Electoral (MOE) y a los organismos de control, a quienes acusó de avalar un modelo opaco y vulnerable. Mientras las autoridades electorales defienden la seguridad del sistema, Petro llamó a la ciudadanía a fortalecer la vigilancia mediante testigos y a impugnar mesas cuando existan dudas.
