A pocos días de cerrar el calendario académico, más de 3 mil estudiantes en su mayoría de zonas rurales quedaron sin transporte escolar en San Pelayo, Córdoba. Desde el lunes, los 50 vehículos tipo camperos que movilizaban a los menores suspendieron sus recorridos por falta de pago: el municipio les adeuda dos meses de servicio, equivalentes a más de 6 millones de pesos por vehículo.
La situación, que vulnera el derecho fundamental a la educación, se agrava por el silencio administrativo y la presunta concentración del contrato en manos de William José Cavadia, hijo del actual alcalde William Cavadia. Mientras los niños caminan kilómetros para llegar a clase o simplemente no pueden asistir, el gobierno local no ofrece soluciones claras ni responde por la deuda acumulada.
La renuncia reciente del Secretario de Educación Municipal ha sido usada como excusa para justificar el caos, pero la comunidad exige respuestas. ¿Cómo es posible que en plena recta final del año escolar, cuando los estudiantes deben presentar trabajos, exámenes y cerrar ciclos, se les castigue por negligencia institucional? ¿Quién responde por los días perdidos, por los riesgos en carretera y por el abandono de los más vulnerables?
San Pelayo no necesita más excusas: necesita voluntad política, transparencia y respeto por sus niños. La educación no se negocia, no se posterga y mucho menos se sabotea por deudas que el alcalde se niega a pagar.