En los pasillos del Congreso de la República, la discusión sobre los vapeadores parece avanzar a paso lento mientras en las calles su presencia se multiplica. Jóvenes los exhiben como accesorio de identidad, influencers los promueven como alternativa “menos dañina”, y comercios los ofrecen sin restricciones ni advertencias sanitarias. Colombia se ha convertido en terreno fértil para el auge de estos dispositivos electrónicos, sin que exista una regulación clara que los equipare al cigarrillo convencional, gravado con tres impuestos y sujeto a controles rigurosos.
La propuesta más reciente para cerrar ese vacío fue radicada por el representante Wadith Manzur, acompañado por el también congresista Armando Zabaraín, quienes plantean imponer un impuesto al vapeo y destinar los recursos al sistema de salud. Aunque la iniciativa promete fortalecer las finanzas públicas y proteger a la juventud, aún no se han definido las tarifas ni los mecanismos concretos de implementación. Lo que sí se sabe es que organizaciones como Red PaPaz y Fundación Anáas respaldan la medida y exigen que no sea influenciada por la industria tabacalera, que ha encontrado en los vapeadores un nicho sin regulación.
Fuera del Congreso, el fenómeno avanza con agilidad. Tiendas online ofrecen sabores como sandía, chicle o crema de vainilla, dirigidos a un público joven que consume sin control. En clínicas y escuelas ya se reportan síntomas respiratorios asociados a su uso, mientras especialistas en salud pública advierten que no basta con gravar: se necesita una política integral que incluya pedagogía, sanciones y control al marketing digital que promueve su uso. “Lo que hoy parece tecnología alternativa, mañana puede convertirse en crisis sanitaria”, advierten.