El cierre del año 2025 llega marcado por un ambiente político cargado de expectativas y tensiones en Colombia. El presidente Gustavo Petro, quien ha impulsado reformas sociales y económicas de gran impacto, enfrenta un país dividido entre quienes respaldan su proyecto de gobierno y quienes consideran que sus decisiones han generado incertidumbre en la economía y la institucionalidad.
El anuncio del nuevo salario vital para 2026, fijado en dos millones de pesos, se convirtió en el eje de la discusión nacional. Para algunos sectores, representa un avance hacia la justicia social y la dignificación laboral; para otros, es una medida que podría traer consecuencias negativas en materia de inflación y sostenibilidad empresarial.
¿Debe Petro continuar liderando el rumbo del país o debería dar paso a un cambio de poder? La respuesta, más allá de los deseos individuales, dependerá de la capacidad del gobierno para demostrar resultados concretos y de la decisión democrática que tomen los colombianos en las urnas.
