El episodio conocido como el “tarimazo” sigue generando repercusiones. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes decidió abrir una indagación contra el presidente Gustavo Petro por su participación en el acto de Paz Urbana, realizado el pasado 21 de junio en la plazoleta de La Alpujarra, Medellín. La medida responde a la denuncia presentada días después por el concejal Alejandro De Bedout, quien cuestionó la presencia de personas privadas de la libertad en la tarima.
Durante el evento, en el que participaron el mandatario y varios funcionarios, estuvieron nueve voceros señalados como cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá. El traslado de estos internos desde la cárcel La Paz, en Itagüí, fue autorizado por el Inpec bajo un esquema de seguridad especial. La situación generó rechazo ciudadano y abrió un debate sobre la legalidad de la convocatoria, el uso de recursos públicos y la posibilidad de que se hubieran ofrecido beneficios judiciales en medio de los diálogos de paz urbana.
La Comisión de Acusación ya designó investigadores y ordenó la práctica de pruebas para establecer si los hechos denunciados configuran responsabilidades penales o disciplinarias. En esta etapa preliminar se busca determinar si hay mérito para avanzar hacia una investigación formal, lo que podría implicar compulsar copias a la Fiscalía o a la Corte Suprema.
